Una reforma envenenada

La reforma judicial nació mal, se ha desarrollado peor y no hay nada que indique que pueda terminar mejor. 

Nació mal porque su aprobación fue el fruto de la compra y presión a legisladores de la oposición, lo que le otorgó a Morena y sus aliados una mayoría calificada que no obtuvieron en las urnas. Esta mayoría fue utilizada para aprobar una reforma a pesar de la oposición de especialistas, facultades de derecho, barras, colegios y trabajadores del Poder Judicial. 

A eso se sumaron las prisas con las que se llevó a cabo el proceso, ignorando una importante cantidad de recursos legales que debieron haber frenado el ciclo legislativo. Y si bien estos recursos pudieran ser debatibles, existen las herramientas para abordarlos, en lugar de simplemente pasar por encima de las decisiones de los integrantes del Poder Judicial. 

Ese camino, que implica suprimir en los hechos a uno de los tres poderes establecidos en la Constitución, nos llevará además a una eventual ruta de choque si en una futura decisión un número suficiente de integrantes de la Suprema Corte determina que, por su forma y su fondo, no hay sustento legal para la eliminación de los miembros actuales del Poder Judicial Federal. 

Las malas decisiones que han acompañado cada etapa de la reforma nos conducirán a escenarios penosos en el futuro inmediato, en los que es previsible que veamos desde campañas ilegales de autopromoción hasta la intervención de actores formales e informales que intentarán influir en la definición de quiénes habrán de ocupar posiciones clave. Este proceso no se reconoce públicamente, pero ya está en marcha. 

La reforma impuesta por el expresidente López Obrador, y que ha hecho suya la presidenta Sheinbaum, nos llevará a un futuro de crisis sistémica que no se resolverá, por más popular que sea la presidencia o por más poderoso que sea su partido.