La censura y la ley

El Tribunal Electoral declaró “inaplicable” el “decreto de interpretación auténtica” de la propaganda gubernamental que publicó la Cámara de Diputados el 17 de marzo y que permitía a los funcionarios públicos promover la consulta de revocación de mandato. El decreto de los diputados, según los magistrados, establece una “excepción a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental durante el desarrollo de un proceso de revocación de mandato, lo cual es violatorio de la prohibición prevista en la propia Constitución general”. 
No sorprende el fallo. El artículo 35 de la Constitución es muy claro: “Queda prohibido el uso de recursos públicos… con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato… El Instituto (Nacional Electoral) y los organismos públicos locales promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos”. Ni siquiera se permite la promoción de obra pública durante la veda para la consulta, por lo que, en efecto, el presidente violó la ley al promover el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El Tribunal Electoral tiene la obligación de ceñirse a lo que dice la ley. 
Pero en este tema la legislación es muy restrictiva; se trata, en efecto, de una forma de censura. Prohíbe a los políticos hacer política durante el proceso de revocación de mandato. No es esta la democracia ideal que buscamos los mexicanos. Tenemos elecciones democráticas para promover la discusión pacífica sobre las decisiones políticas de fondo. Y no hay discusión más importante que definir quién ejercerá la presidencia de la república o quién puede ser destituido de ese cargo. 
Los morenistas que hoy pretenden estar sorprendidos por las restricciones, sin embargo, las propusieron y las aprobaron en la reforma electoral de 2019. Estas limitaciones, y sus predecesoras, las que se establecieron en las reformas electorales de 2007 y 2014, fueron en buena medida impulsadas por los políticos que hoy detentan el poder. Entiendo que hoy quieran estar libres de las cadenas que ellos mismos crearon, pero la forma de lograrlo es primero enmendar la Constitución y luego, en futuros procesos, promover esas ideas que hoy quieren destacar en la consulta. 
El presidente, aparentemente molesto con el fallo del Tribunal Electoral, anunció este 29 de marzo que presentará una iniciativa de nueva reforma electoral. Dijo que propondrá que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral sean en el futuro electos por voto popular. Ningún país del mundo tiene un sistema así, pero además no es aconsejable. Es como si los árbitros del futbol fueran elegidos por votación de los espectadores y no por hacer su trabajo con imparcialidad y conocimiento de las reglas. Elegir por voto popular a consejeros y magistrados politizaría indebidamente a las instituciones electorales y daría a los partidos más poderosos la posibilidad de nombrar consejeros y magistrados a modo. 
Hay una mejor reforma electoral posible. Implica mantener las instituciones electorales independientes que hoy tenemos, pero eliminar las restricciones a la libertad de expresión. Así funcionan las democracias en los países con mayor desarrollo económico y político. Así debería funcionar la nuestra. 
Twitter: @SergioSarmiento