Eliminar derechos
Sergio Sarmiento cuestiona la nueva iniciativa que presentó Morena para ‘blindar’ sus reformas constitucionales y analiza sus implicaciones
Parece increíble, pero los legisladores de Morena presentaron ayer una iniciativa de reforma constitucional para restringir o eliminar los derechos humanos de los mexicanos.
Es una iniciativa inusual, presentada de manera conjunta por los presidentes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, y también por los coordinadores parlamentarios de Morena: Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López Hernández, Sergio Gutiérrez Luna y Ricardo Monreal. La idea es mandar el mensaje de que se aprobará sí o sí.
La iniciativa permitirá la abrogación de los derechos humanos de los que hemos gozado los mexicanos en los últimos años. La parte fundamental del paquete es una enmienda al artículo primero de nuestra carta magna.
Desde la reforma constitucional de 2011, este artículo establece: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. Lo que quieren hacer hoy los líderes parlamentarios de un régimen cada vez más autoritario es añadir la siguiente cláusula: “pero en ningún caso [las normas] pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad”.
¿Control de convencionalidad? Atrás de este lenguaje leguleyo se esconde una disposición extraordinariamente regresiva que impediría que los mexicanos pudiéramos recurrir a las convenciones internacionales para defender nuestros derechos humanos, sin importar que hubieran sido firmadas por nuestro país, como ha sido el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o los varios tratados de las Naciones Unidas sobre garantías y derechos.
Esto es muy preocupante. El propio expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, afirmó en 2022, cuando todavía defendía las garantías individuales, que “las normas de derechos humanos de tratados internacionales y convenciones” de las que México es parte “son Constitución”. Si los derechos establecidos por esos convenios internacionales no pudieran ser considerados como parte de la Constitución, afirmó, el poder legislativo podría “establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, la esclavitud”.
Estos argumentos de Zaldívar ofrecían una posición progresista, garantista, que se contraponía con la posición conservadora, letrista, del ministro Alberto Pérez Dayán, que afirmó “¿Quién soy yo para arrancar páginas a la Constitución?”. Según Zaldívar, el máximo tribunal de nuestro país tenía no solo derecho, sino obligación, de revisar los cambios constitucionales y derogar medidas “inconvencionales”, esto es, que violaran las convenciones internacionales de derechos humanos.
El propio Zaldívar escribió en 2021, en el décimo aniversario de la reforma de 2011, que esta transformó “la vida jurídica y [la] Constitución de México”. Efectivamente, lo hizo, porque nos dio a los mexicanos por primera vez garantías de respeto a los derechos humanos sin importar qué tipo de gobierno pudiéramos tener en el futuro.
Ahora, los líderes parlamentarios de Morena quieren borrar esta reforma de 2011 y eliminar las garantías de protección a los derechos humanos. El expresidente de la Corte Zaldívar, que en un momento defendió con tanto ahínco esta reforma garantista, hoy calla en oprobioso silencio. Con el afán de conservar el puesto de consejero del actual gobierno está dispuesto a traicionar los principios de protección de los derechos humanos que durante tanto tiempo respaldó en el mundo académico y en la Suprema Corte.
Esta iniciativa la han presentado los legisladores de Morena para dejar en claro que no aceptarán absolutamente ningún cuestionamiento a los cambios que pudieran hacer a la Constitución. Si los tratados internacionales han garantizado los derechos humanos de los mexicanos en los últimos años, el propósito de los morenistas hoy es que los mexicanos quedemos absolutamente indefensos ante cualquier abuso de la autoridad. Es una medida regresiva de enorme magnitud, una enmienda constitucional que busca dejarnos a los mexicanos desamparados ante un gobierno que quiere concentrar todo el poder.