Suspensión para Murillo

Es otro fracaso en el intento de demostrar que “Fue el Estado”. Este 28 de septiembre una juez federal suspendió por tiempo indefinido los juicios en contra del exprocurador general, Jesús Murillo Karam, por delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada. El también exgobernador de Hidalgo continúa encarcelado bajo el régimen de prisión preventiva justificada mientras la juez decide si le otorga o no un amparo definitivo por detención injustificada.

Este es el último de una serie de reveses que han sufrido el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, y el todavía fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien ya ha renunciado a su cargo y que lo dejará definitivamente este 30 de septiembre. Ellos impulsaron una nueva investigación sobre los crímenes cometidos en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre, con la idea de probar que el culpable fue el Estado mexicano, pero hasta ahora con resultados negativos.

Gómez Trejo fue secretario ejecutivo del GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que no eran ni expertos ni independientes, sino una organización que buscaba, con el apoyo del movimiento Ayotzinapa, un grupo político de izquierda, probar que la muerte de seis personas y el secuestro y posterior asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa no habían sido perpetrados por el grupo criminal Guerreros Unidos, como señalaban las investigaciones realizadas, sino por el Estado mexicano.

Para comprobarlo acusaron a Murillo Karam de haber impulsado una explicación falsa de lo acontecido a través de la hipótesis jurídica que él designó como la “verdad histórica”. También lo responsabilizaron de haber realizado acciones de encubrimiento de las agresiones contra los normalistas y ordenado la tortura de los detenidos a quienes se acusó de haber asesinado a los normalistas. Encinas también afirmó públicamente que el general en retiro José Rodríguez Pérez había ordenado el asesinato de seis normalistas. La fiscalía especial de Gómez Trejo pidió y obtuvo 83 órdenes de aprehensión, algunas contra militares y exfuncionarios, pero todas se han venido cayendo.

Para empezar, la Fiscalía General de la República no presentó acusaciones contra el general Rodríguez Pérez por homicidio, sino solo por supuestos lazos con el crimen organizado, a pesar de su impecable historial de 44 años de servicio. Retiró 21 de las acusaciones contra cinco exfuncionarios guerrerenses, entre ellos el exprocurador de Guerrero Iñaki Blanco, y 16 militares. El fiscal especial Gómez Trejo renunció en protesta, pero la FGR retiró los cargos porque no había pruebas, fuera de los testimonios de algunos testigos protegidos, particularmente Gildardo López Astudillo, El Gil, el líder de Guerreros Unidos, quien ordenó el asesinato e incineración de los estudiantes. A estas derrotas hay que sumar ahora la suspensión obtenida por Murillo Karam.

Encinas y Gómez Trejo montaron una compleja teoría de la conspiración para tratar de demostrar que no fueron los criminales de Guerreros Unidos, sino altos funcionarios y mandos del gobierno y del Ejército, quienes montaron el operativo para secuestrar y matar a los normalistas. Olvidaron, sin embargo, que incluso la teoría más perfecta requiere de pruebas cuando llega el momento de presentarla ante un juez.