Villana en la Corte

El periodista Sergio Sarmiento opina que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, se ha convertido en la "villana favorita" del presidente López Obrador.

La reforma al Poder Judicial no resuelve ningún problema. La corrupción no disminuirá, ni hay razón lógica para que lo haga solo porque los jueces serán electos por voto popular.
Fotos: Cuartoscuro

Norma Piña sigue presidiendo la Suprema Corte, aunque quizá no por mucho tiempo. El presidente López Obrador la ha convertido en la nueva villana favorita. Lorenzo Córdova ya no está en el Instituto Nacional Electoral, tras ser reemplazado por una consejera presidenta, Guadalupe Taddei, que tiene a muchos familiares en cargos de gobiernos de Morena. El INE ha quedado bajo control y no le preocupa ya al primer mandatario. La institución no levantó ni una pestaña cuando este mandó a sus corcholatas a hacer campaña tres años antes de lo que permitía la ley. Ahora los poderosos cañones de Presidencia están apuntados a la Corte, y a los jueces y magistrados que se atreven a decretar fallos contrarios a los deseos del presidente.

López Obrador ha lanzado una iniciativa para realizar una reforma judicial que no tiene forma de salir bien. Pretende eliminar de un plumazo la carrera judicial y elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular, aunque no tengan preparación o experiencia. Lo hace en un país de elecciones violentas, por los intentos de los grupos de criminales para llevar al poder a sus candidatos, sobre todo en los gobiernos municipales. Estos grupos criminales intervendrán con mayor fuerza en las elecciones judiciales. Para un delincuente un juez es mucho más valioso que un alcalde.

En el mejor de los casos la reforma llevará a una disrupción enorme de los procesos judiciales. Los miles y miles de juicios en el país tendrán que suspenderse para que una nueva generación de jueces tome posesión y aprenda las complicadas tareas de juzgar. No hay ninguna garantía de que los nuevos conocerán los precedentes y la jurisprudencia. La justicia mexicana se volverá menos pronta y expedita, pero sobre todo más incierta. La estructura del poder judicial ha permitido hasta ahora que jueces, magistrados y ministros puedan revisar su trabajo de manera escalonada y han dado una razonable certidumbre a las decisiones judiciales. Los nuevos jueces fallarán como se les antoje, y lo peor es que los magistrados y ministros que deberán revisar las decisiones serán igualmente ignorantes de la cultura judicial.

La reforma no resuelve ningún problema. La corrupción no disminuirá, ni hay razón lógica para que lo haga solo porque los jueces serán electos por voto popular. Al contrario, lo lógico es que aumente, porque los candidatos tendrán que encontrar recursos para pagar sus campañas. Elegir a los jueces en las urnas tampoco hará que la justicia sea más accesible para los pobres. La incertidumbre jurídica seguramente aumentará los costos legales.

No sé si el presidente esté consciente de los problemas que generará su reforma, pero al parecer está convencido de que es la mejor manera de castigar a la magistrada Piña. Lo curioso es que el presidente consideraba que la Corte funcionaba a las mil maravillas cuando su amigo, Arturo Zaldívar, era el presidente. Zaldívar impulsó la reforma de 2021, aprobada por los legisladores del gobierno y por el propio presidente, y que supuestamente era la más profunda e importante desde 1994. Pero, según AMLO, una vez que Norma Piña asumió la presidencia de la Corte todo se convirtió en lodo.

La verdad es que nada se modificó en la Corte, fuera de la decisión de no aceptar las ilegales recomendaciones del presidente. Eso ha sido suficiente para lanzar una guerra de difamación contra la ministra villana y contra todo el poder judicial. López Obrador está demostrando una vez más que no gobierna con políticas pragmáticas sino con ocurrencias y resentimientos.