Alito contra las cuerdas

Nunca un gobierno había solicitado el desafuero de un presidente de partido de oposición en funciones. Esto es lo que está haciendo, sin embargo, la Fiscalía General de Campeche, a cargo de Renato Sales, al solicitar el desafuero como diputado federal de Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, el presidente nacional del PRI.

Es difícil afirmar que el fiscal Sales está actuando por cuenta propia. Su gobernadora, Layda Sansores de Morena, ha venido atacando a Alito de manera sistemática desde que asumió el gobierno de Campeche. Para ello ha dado a conocer una serie de grabaciones que ponen al diputado y presidente del PRI en entredicho.

La fiscalía campechana acusa a Moreno de enriquecimiento ilícito y le atribuye no solo la propiedad de los bienes que están a su nombre, sino también de algunos que están escriturados a otras personas de su familia. Una vez presentada la solicitud de desafuero, el fiscal Sales organizó una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo con la presencia del propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, también militante de Morena. Es difícil conseguir un respaldo político tan claro de las acusaciones.

Además de los cargos que está promoviendo la fiscalía de Campeche, la Fiscalía General de la República, también de Morena, está presentando acusaciones por el mismo delito. Es un ataque por dos frentes que parece concertado. 
Alito ha afirmado públicamente que los dirigentes de Morena y del gobierno lo presionaron para que apoyara la reforma constitucional en materia de electricidad del presidente López Obrador y le advirtieron que pagaría muy caro si el PRI no votaba a favor.

Moreno se abstuvo primero de anunciar cuál sería el voto de los legisladores del partido, al parecer en un intento por negociar con el gobierno, pero al final los priistas votaron en contra. El presidente del partido afirma que a eso se deben los ataques y acusaciones que está recibiendo. Ayer Sansores dio a conocer una nueva grabación, a pesar de las suspensiones judiciales que deberían impedir que lo hiciera: “No hay Alito que dure 100 años. Preparen palomitas…”, declaró en Twitter.

Alito ha respondido con un video: “Una vez más el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del Estado mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores –declaró--. De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo…”. 
Los audios que ha dado a conocer la gobernadora Sansores bien pueden ser ilegales, pero eso no significa que no sean reales. Sugieren que Alito ha presionado y extorsionado a empresarios para que aporten dinero a las campañas del PRI. Hay indicios también de que su posición económica no es congruente con los salarios que ha tenido en el servicio público. Muchos priistas respetados, entre ellos los expresidentes del partido, le han solicitado su renuncia, pero él insiste en que fue electo por el voto de los militantes en 2019 y que se mantendrá en el cargo hasta 2023.

No es posible descartar que Alito esté siendo víctima de una venganza, pero al parecer esta ha sido más fácil de ejecutar por sus propios abusos. En este momento se encuentra ya contra las cuerdas y es difícil pensar que no será desaforado. Morena y sus aliados cuentan con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y los juicios políticos tienen más que ver con la política que con la justicia.

Al PRI, sin embargo, le puede beneficiar el perder a este presidente tan controvertido. Alito ha dejado de ser un líder y se ha convertido en un lastre. Un PRI sin él sería sin duda más fuerte en los procesos electorales del año que viene.