Ojalá que no me maten

Un total de 99 mil 317 personas están en calidad de desaparecidas en México. El drama es aún más trágico y doloroso porque más del 16 por ciento de ellos son niñas, niños y adolescentes. 

Mientras los menores de edad desaparecidos viven el infierno de la explotación sexual, el tráfico de órganos, la servidumbre doméstica, mendicidad infantil y hasta el reclutamiento forzado para trabajar en las redes del narcotráfico, los gobiernos han sido incapaces de atender un fenómeno que crece dramáticamente. 

Desde 2011, la UNICEF alertó sobre la desaparición de menores en Centroamérica. Entonces advirtió que uno de los detonantes era el aumento de la migración ilegal y, sobre todo, llamó la atención de todos los países de la región para atender las fronteras y eliminar los puntos ciegos, que son aprovechados por las bandas criminales. 

La respuesta de los gobiernos fue la indiferencia política y la ineptitud institucional. En consecuencia, el resultado es abrumador. Sólo en México, durante el año 2021, se reportó la desaparición de cinco menores de edad al día. ¿Quién está desapareciendo a nuestros niños? 

En el reporte publicado el 11 de abril pasado, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reveló que, en todo el país, hay un total de 16 mil 378 menores desaparecidos y no localizados. Tamaulipas, el Estado de México y Jalisco son las entidades federativas que encabezan la lista de desapariciones. 

De la revisión de los datos abiertos se desprende que las y los adolescentes son quienes están más indefensos, pues de los más de 16 mil menores desaparecidos, 12 mil 188 tienen entre 12 y 17 años. 

Y una vez más, las mujeres resultan más indefensas. Cuando los menores no localizados tienen entre los cero y los 11 años, las niñas y niños desaparecen prácticamente en la misma proporción. Sin embargo, entre los 12 y los 17 años, la cantidad de mujeres desaparecidas se incrementa sensiblemente. 

Las autoridades se escudan detrás de la fuga voluntaria de los menores de edad. Imprudentes y parcos, los policías y elementos de seguridad aseguran a las familias que sus hijos salieron por su propio pie, huyendo del abuso y la violencia que viven en sus hogares.  

La realidad es que las Fiscalías estatales no actualizan sus datos, la Alerta Amber se activa en forma tardía y el Protocolo Alba -que supone un mecanismo de búsqueda inmediata-, resulta un “elefante blanco” de difícil movilidad. 

Las investigaciones del entorno, el rastreo de dispositivos móviles y redes sociales y el enfoque de género, parece que sólo se activan cuando se trata de desapariciones de alto impacto, cuando han concentrado la atención de la opinión pública y las autoridades sienten la presión social y mediática. 

Ni siquiera existen protocolos para la realización de batidas de búsqueda con voluntarios, a fin de recorrer las zonas aledañas al lugar de la desaparición, cerrarle el paso a los perpetradores de los secuestros y eventualmente, localizar indicios que permitan la localización de la víctima a rescatar, sean cisternas, terrenos baldíos y arbustos. 

La crisis de seguridad y justicia en México se recrudece con la falta de voluntad política de los gobernantes, capacidades institucionales limitadas por la austeridad presupuestal, descuidos y errores de las autoridades y la ausencia de un banco nacional de datos forenses, que incluya el registro de personas fallecidas no identificadas y el registro de fosas comunes y clandestinas.  

PD

Ojalá que no me maten, pero si me matan,  ojalá que sea de día porque solo de día  trabajan las fiscalías. Ojalá que eso no pase, pero si pasa,  ojalá que sea trabajando,  en el súper o en una plaza y no en una fiesta,  en un bar o con amigos, porque entonces le restarán importancia, ojalá que no me maten, pero si me matan, ojalá que me busquen, hasta encontrarme.

¿Qué difícil, no?¿Hasta cuándo?