Big Brother bancario

Este 11 de mayo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia votará sobre la constitucionalidad de una ley que permite al Sistema de Administración Tributaria, el SAT, violar el secreto bancario. 
Si bien el artículo 16 de la Constitución afirma que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, y añade que “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales”, el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito le permite al SAT obtener información bancaria sin autorización judicial. 
De aprobarse el dictamen propuesto a la sala por la ministra Margarita Ríos Farjat, quien es su presidenta y fue titular del SAT, se estaría sentando una jurisprudencia muy peligrosa para los derechos individuales. Esto le permitiría al SAT seguir violando el secreto bancario, como lo ha venido haciendo en los últimos tiempos, sin tener que obtener primero una orden de un juez. 
Las garantías constitucionales se seguirían aplicando a las instituciones de justicia. Un ministerio público, por ejemplo, tendrá que seguir respetando el secreto bancario; necesitará una orden judicial para tener acceso a la información de las cuentas. Al SAT, sin embargo, la Ley de Instituciones de Crédito le está permitiendo violar las garantías que fija el artículo 16 de la Constitución. Y lo peor es que la Corte podría avalarlo, ya que en ese sentido va el dictamen de la ministra Ríos Farjat. Otros fallos anteriores convertirían esta decisión en jurisprudencia para todos los tribunales. 
Nadie cuestiona que el SAT pueda tener acceso a la información de una cuenta bancaria cuando hay una acusación concreta y una orden de un juez. Esto es lo que sucede cuando un ministerio público tiene una denuncia de la probable comisión de un delito y pide al juez un mandato para investigar alguna transacción específica. El artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, sin embargo, va mucho más allá. Le permite al SAT meterse en las cuentas bancarias de personas o empresas para ver qué encuentra y sin tener que obtener autorización de ningún juez. Es un viaje sin retorno al mundo que describe George Orwell en 1984, el del Gran Hermano que tiene el derecho de meterse en cualquier aspecto de la vida de los ciudadanos. Con este fallo, el SAT podría obtener información de las cuentas bancarias de los ciudadanos sin molestarse con notificarlos. El ciudadano no sabría siquiera que su privacidad está siendo invadida. 
El secreto bancario es en el mundo un derecho fundamental. Lo es en nuestra propia legislación, que considera que solo el titular de una cuenta bancaria, o los cotitulares que este señale, podrán tener acceso a una información tan importante como son sus activos y operaciones financieras. La Ley de Instituciones de Crédito, sin embargo, le da ahora al SAT el derecho de meterse en todas las cuentas bancarias de manera discrecional: no tiene, siquiera, que ofrecer una explicación. Estamos construyendo en México el reino del Big Brother. 
Twitter: @SergioSarmiento