El plan B

El Ejecutivo sometió su plan B al Congreso de la Unión el mismo día, el 6 de diciembre, en que se discutió la reforma constitucional electoral, que desde un principio estaba condenada a la derrota. Su propósito, claramente, era cobrar una venganza por la falta de respaldo a la reforma constitucional del presidente López Obrador.

Una de las medidas más significativas del plan B es la destitución del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo. Se trata de un funcionario de carrera, con una trayectoria muy importante y prolongada en el servicio profesional del INE. Sin embargo, es considerado muy cercano al consejero presidente Lorenzo Córdova, y como la reforma a las leyes secundarias no puede destituir al consejero presidente, quien terminará su mandato en 2023, la iniciativa busca que el secretario ejecutivo sea destituido de inmediato.

La nueva Ley General de Procedimientos y Procedimientos Electorales extinguiría la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva del INE. Crearía un Servicio Profesional Electoral Nacional, que uniría el actual, que depende del INE, y un segundo adscrito a los Organismos Públicos Locales, los OPLES. Prohibiría que los partidos políticos pudieran difamar al gobierno y no solo a sus rivales políticos.

Otra medida que busca restar autonomía al INE es la que establece que la institución deberá ejercer sus recursos presupuestarios conforme a lo que dispone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Con anterioridad se presuponía que, como organismo autónomo, el INE tenía la responsabilidad de definir su presupuesto, siempre que garantizara cumplir con las tareas que la Constitución le adjudica.

La nueva iniciativa busca eliminar algunas de las responsabilidades del INE y su gasto. Deroga, por ejemplo, el numeral 2 del artículo 30 que señala que las actividades del INE “se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y se realizarán con perspectiva de género”.

Sin embargo, aun cuando los asesores del gobierno han hecho todo lo posible para debilitar al INE sin violar la Constitución, el artículo 41 de la carta magna es tan extenso y detallado que es difícil pensar que la iniciativa de enmienda de la legislación secundaria pueda aplicarse sin quebrantar los preceptos constitucionales. El artículo 41 en su apartado A, por ejemplo, establece que el INE contará con un secretario ejecutivo. También ordena que, “en el ejercicio de esta función estatal, la certeza legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores”. Eliminar la Secretaría Ejecutiva o estos principios en el afán de castigar al INE o a sus consejeros parece ser inconstitucional.

Mucho se puede hacer para mejorar el sistema electoral mexicano y reducir sus costos. El problema es tratar de hacerlo al cuarto para las doce, para afectar el resultado de la elección de 2024, y con una iniciativa con dispensa de trámites, para no permitir siquiera una discusión. La reforma indispensable no debe hacerse con prisas, ni omitiendo las opiniones de la oposición. El propósito no debe ser dar ventajas indebidas al partido en el gobierno. Por eso las reformas electorales del pasado, que tuvieron siempre el respaldo de las oposiciones, fueron inscritas en la Constitución para que no pudieran ser enmendadas por un partido en el poder para favorecerse a sí mismo.

Entiendo la incomodidad del presidente anta le negativa del Congreso de hacer los cambios constitucionales que él quería, pero enmendar las leyes secundarias para cambiar lo que dice la Constitución es un camino que no tendrá buenos resultados.