DEFENDER LA DIVERSIDAD

Las personas con identidades de género distintas a su sexo registrado y orientaciones sexuales homosexuales sufren discriminación, violencia e, incluso, actos de tortura.

Las denominadas terapias de conversión, también conocidas como terapias reparativas, toman la forma de tratamientos psicológicos a la fuerza, violaciones y hasta exorcismos, con la intención de cambiar las preferencias sexuales o las expresiones de género de las personas.

Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacan que 69 países del todo el mundo tienen leyes que penalizan las relaciones homosexuales consentidas entre adultos. Esto significa que, al menos, dos mil millones de personas viven en contextos discriminatorios, un tercio de la población mundial.

Esto sólo puede explicarse por la coexistencia de tres factores: religiones que tienen mayor control sobre la vida privada de los individuos, un aparato jurídico conservador que desdeña la defensa de los derechos humanos, y un sector médico animado por el dinero que recluye a las personas sexogenéricamente diversas, en centros para la atención de la salud mental. 

La fuente de la discriminación, por lo tanto, es el pecado o la enfermedad y esta persecución causa profundos traumas físicos y psicológicos a las personas que son internadas en los mal llamados centros de conversión. 

Por ello, no resulta extraño que los jóvenes LGBT abandonen la escuela tres veces más que los no LGBT; y las personas trans se infectan de VIH/SIDA 47 veces más que los hombres homosexuales y hasta 76 veces más que la población general.

En México, el impulso de la comunidad LGBTTTIQ+ ha permitido avances significativos. Recientemente, el Senado aprobó reformas para prohibir este tipo de actividades, también conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG).

Aún falta que la minuta transite por la Cámara de Diputados, pero si alcanzan la mayoría legislativa, el libre desarrollo de la personalidad quedará protegido; la ignorancia ajena, la intolerancia religiosa, la hostilidad y la vulneración de derechos serán cancelados. 

Las reformas contemplan sanciones de dos a seis años de prisión y multas de hasta 200 mil pesos, para quien realice, imparta, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento que impida la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

Si las víctimas son menores de edad o adultos mayores o tienen alguna discapacidad, los castigos se duplicarán y los médicos y enfermeras serán suspendidos por tres años y perderán su cédula profesional, en caso de reincidencia.

Defender la diversidad es proteger los derechos humanos. #NadaQuéCurar