CONACYT: Colaboremos para resolver los desafíos de la sociedad del futuro

Helen Keller, escritora y activista dijo: “Son muchas las soluciones a los problemas si podemos resolverlos juntos y son pocos los problemas que podemos solucionar si lo hacemos solos”, estoy convencida que solo a través del trabajo colaborativo es que podemos atender la agenda del futuro. 

Bajo esta convicción, legisladores de las Comisiones de Ciencia y Tecnología tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, sostuvimos una reunión de trabajo con la Titular del CONACYT, Dra. María Elena Álvarez-Buylla como parte de los trabajos en conferencia para construir lo que será la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Es importante comprender que la colaboración multisectorial de instituciones como el CONACYT, de los gobiernos de todos los niveles, la academia, la iniciativa privada, la sociedad civil, el poder legislativo con la comunidad científica es imprescindible para entender y atender los cambios sociales derivados del avance de la digitalización y la llegada de tecnologías disruptivas como son la inteligencia artificial, el metaverso o el blockchain, por mencionar solo algunas.

Durante dicha reunión, tuve la oportunidad de intercambiar puntos de vista con la Directora General del CONACYT, así como reafirmar nuestro compromiso para trabajar de forma colaborativa para migrar de ser un país que solamente consuma y compre tecnología a un país que desarrolle, que innove, que registre patentes, y desde luego que promueva y proteja los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos originarios. 

Sin entrar en debates ideológicos, resulta importante y constructivo entender cuál es el escenario que presenta el sector científico y tecnológico de nuestro país, qué recursos estamos invirtiendo y qué avances estamos consiguiendo. Es por ello que diversos legisladores coincidimos en que es necesario realizar algunas precisiones sobre las cifras reportadas por el CONACYT. 

Ejemplo de lo anterior, fue dado a conocer por el Nodo Plural Pro Ciencia que en días pasados aclaró que de acuerdo a cifras públicas, no fueron 45 mil mdp los destinados al Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), sino 55 mil mdp; de los cuales 26 mil mdp fueron recursos públicos y 29 mil mdp fueron aportados por empresas privadas. Y que si bien es cierto, que 843 de los 6 mil proyectos financiados por el PEI, se realizaron para empresas mexicanas y trasnacionales, también es importante aclarar que estas empresas recibieron solo 7,564 millones del CONACYT de los 14,745 millones que éstas aportaron al PEI.

Además, sería realmente útil que el CONACYT utilice las cifras reportadas en el el Índice Mundial de Innovación publicado conjuntamente por la OMPI, la Universidad Cornell y el INSEAD, donde se ofrece una clasificación anual de las capacidades y el desempeño de las economías de todo el mundo en el ámbito de la innovación. 

Dicho índice ofrece información comparativa de gran relevancia ya que clasifica los resultados de la innovación de unos 131 países y economías de distintas regiones del mundo, sobre la base de más de 80 indicadores.

Es importantísimo medir y evaluar la política activa de desarrollo tecnológico, situación que  ha sido fundamental en la estrategia de desarrollo de países de la OCDE como Israel, Corea o Suecia, que destinan casi 5% de su PIB en ciencia y tecnología. En 2010, México llegó a destinar 0.49% del PIB a este rubro. Situación que lejos de mejorar, ha empeorado, porque ahora ocupamos el antepenúltimo lugar en inversión en ciencia y tecnología dentro de los países de la OCDE (lugar 34 de 35) al destinar  apenas 0.22% de nuestro PIB, por debajo de naciones como Chile o Costa Rica.

Para ello, requerimos de política de estado que trascienda los sexenios, sin dogmas y que sea colaborativa. Hoy más que nunca, invertir en tecnología, es invertir en crecimiento, desarrollo, soberanía y en el futuro. 

Una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación debe estar acorde a la nueva realidad y otorgar a México las herramientas y las capacidades para contar con una comunidad científica vigorosa, integrada a los grandes proyectos científicos de la humanidad. Esta nueva Ley, debe generar incentivos para que la formación e investigación científica se haga en México, con colaboración internacional y que sus beneficios se queden también en México, para que se evite la fuga de cerebros y se promueva una participación más diversa e incluyente. El progreso y la innovación no pueden dejar a nadie atrás.