Reforma a las prisas
Varias de las propuestas del presidente López Obrador para reformar el sistema electoral parecen sensatas y vale la pena discutirlas. Pero no es el momento, a unos meses del inicio del proceso, para cambiar las reglas de un sistema que funciona y que ha permitido la alternancia de partidos en el poder.
Reducir el financiamiento público de los partidos políticos es correcto, casi podría decir indispensable. Nada más en 2023, por ejemplo, un año sin elecciones federales y con comicios estatales solo en dos entidades, la ley ordena que el erario entregue a los partidos políticos 6,233 millones de pesos.
Hay que reducir esta enorme cantidad o incluso eliminarla. Mucho se dijo en su momento que, si no había financiamiento público para partidos y candidatos, el crimen organizado los dominaría; pero es claro que, de todas maneras, las organizaciones delincuenciales influyen cada vez más en la política nacional.
Otras medidas para reducir el costo de las elecciones pueden ser también positivas. Al Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, se le exigen muchas actividades, como educación en materia de género, que no tienen por qué ser responsabilidad de un árbitro electoral. Pueden reducirse los recursos que se entregan al INE si se eliminan estas tareas superfluas.
La iniciativa presidencial también propone disminuir el número de diputados y senadores, tanto a nivel federal como estatal, pero hay que hacerlo bien. El presidente prometió eliminar los plurinominales, pero su iniciativa más bien descarta los legisladores de elección directa y deja solo plurinominales. Sin embargo, como las listas de los plurinominales las elaboran los dirigentes de los partidos, esto les da un enorme poder.
La propuesta más controvertida del presidente es la que haría que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral fuesen electos por voto popular a partir de listas presentadas por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Este sistema favorecería a los partidos en el poder, que ya controlan el Ejecutivo, tienen mayoría absoluta en el Legislativo y cuentan con un número cada vez mayor de ministros en la Suprema Corte. Los partidos más populares impulsarían a los consejeros y magistrados que les prometieran apoyo. El resultado sería un sistema electoral que favoreciera a los partidos en el poder.
La elección popular de consejeros y magistrados, además, sería muy cara. Según el Instituto Belisario Domínguez del Senado, una elección de consejeros y magistrados electorales costaría alrededor de 8 mil millones de pesos. Sería más onerosa que los partidos políticos en un año.
Hay muchos puntos atendibles en la propuesta del presidente y en las iniciativas de los legisladores de la oposición. Vale la pena discutirlos. Pero no tiene sentido hacer una reforma a las prisas para que esté lista antes de que concluya este período legislativo, en diciembre. El actual sistema nos ha dado alternancia de partidos en el poder, que es la prueba de fuego de la democracia. Es importante que no se haga una reforma mal hecha que solo sirva para regresar al sistema de partido único.