Aplanadora legislativa

Sin considerar los puntos de vista de la oposición o de los especialistas, el presidente López Obrador ha utilizado su aplanadora legislativa para impulsar una serie de enmiendas a la legislación actual a cinco meses de terminar su mandato. Algunas de las nuevas leyes están hechas para comprar votos, como la que crea un nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar, apropiándose de los recursos en las cuentas abandonadas de las Afores, pero otras son mucho más sutiles.

A la Ley de Amparo, por ejemplo, se le hacen apenas dos pequeñas modificaciones, pero implican un retroceso enorme al impedir que las suspensiones puedan tener efectos generales y por lo tanto beneficiar a quienes no tienen la oportunidad o el dinero de promover juicios de amparo. A la Ley de Amnistía se le añade un nuevo artículo, el noveno, que virtualmente anula todo el resto de la legislación. Este nuevo artículo le da facultades al presidente para dar amnistía a acusados o criminales condenados, en cualquier momento de su proceso, a cambio de declaraciones o información que el presidente considere pueden ser de utilidad para resolver casos relevantes para el estado mexicano.

Como lo hizo con la Ley de la Industria Eléctrica y las leyes electorales de su plan B, el presidente se ha abstenido de tratar de cambiar la Constitución, porque sabe que no tiene la mayoría calificada de dos terceras partes en el Congreso para lograrlo. Impulsa así leyes que sabe que son inconstitucionales, aunque tiene la esperanza que con el creciente control que está logrando en la Suprema Corte de Justicia tarde o temprano podrá evitar las declaraciones de inconstitucionalidad.

La característica que une a estas iniciativas de campos tan distintos es que todas incrementan el poder del presidente de la república. En el caso de las pensiones, el presidente está ordenando que el gobierno se apropie de los recursos de cuentas individuales de retiro que no hayan sido reclamadas cuando los titulares cumplan 70 años, o 75 en el servicio público, para financiar un fondo que supuestamente permitiría subir las pensiones hasta el 100 por ciento del último salario. Esta confiscación de recursos individuales es probablemente inconstitucional, y no hay indicaciones de que pueda lograr una tasa de reemplazo de 100 por ciento, pero le permite al presidente promover el voto por su partido a un mes de las elecciones.

La modificación de la Ley de Amparo no tiene estos beneficios electorales tan claros, pero sí emascula el juicio de amparo al regresar a los tiempos en que este solo beneficiaba a quienes promovían el juicio y no a toda la población en la misma situación. La medida busca permitir que el presidente gobierne con medidas inconstitucionales, ya que las suspensiones solo beneficiarían a unos cuantos.

El cambio en la Ley de Amnistía pretende darle al presidente facultades excepcionales para perdonar a cualquier criminal por cualquier delito si considera que sus declaraciones o información pueden ayudar a resolver casos judiciales de relevancia para el Estado mexicano. Es una facultad que no tienen los gobernantes en países democráticos, aunque si los dictadores que pueden perdonar a sus amigos y colaboradores por cualquier crimen.

Todas estas iniciativas terminarán en la Suprema Corte de Justicia. Pero el presidente prefiere jugar así sus cartas, antes que promover iniciativas que se limiten a lo que permite la Constitución. Cuenta ya con tres ministras que aprobarán siempre sus posiciones, sin importar qué tan inconstitucionales puedan ser. Y si pierde, seguirá promoviendo su sueño de hacer una reforma que acabe con la independencia del poder judicial.