Niñez en peligro
Un informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) denuncia la existencia de una red de abuso de niños de preescolar.
Las niñas y niños en México no están a salvo. Diariamente asesinan a siete menores de edad y desaparecen otros 17. Los hogares no son sitios seguros, los pequeños son torturados y privados de alimento y cuidados.
Las escuelas tampoco son un lugar dónde resguardarse. Un informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) denuncia la existencia de una red de abuso de niños de preescolar, que opera en nuestro país desde 2008.
La asociación civil, reconocida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia de 18 preescolares de la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca, han agredido físicamente a los menores de edad, haciéndolos víctimas de pornografía infantil y de violencia sexual.
El reporte de ODI, que documenta la existencia de una red de abuso de niños de kínder en México, detalla que las víctimas tenían entre tres y siete años cuando fueron agredidos al interior de las escuelas o fueron sacados de los planteles, para cometer diversos actos de abuso sexual en su contra.
El documento es inenarrable. Casos de 2008, 2012, 2015, 2020 que fueron denunciados ante la PGR y la hoy Fiscalía General de la República, en los que niñas y niños fueron víctimas de actos dolorosos, humillantes, perversos.
Al menos 37 pequeños recibieron tocamientos inapropiados por parte de un adulto; 11 describieron actos que constituyen violación equiparada; ocho reportaron agresiones físicas; tres señalaron que fueron obligados a observar sexo entre adultos; 17 describieron a un maestro exhibiéndose ante el salón entero; cuatro que fueron amarrados; y dos mencionaron que fueron amordazados con cinta.
Algunos de los menores de edad agraviados denunciaron que fueron penetrados con basura; cuatro describen el uso de orina, heces o vómito durante las agresiones; tres detallaron que sus victimarios les picaban las manos o los pies; y cuatro refieren la presencia de cámaras y que fueron filmados mientras los adultos los lastimaban.
Las narraciones de los infantes señalan que fueron sacados de las guarderías y fueron sedados, abusados y maltratados en lugares ajenos al jardín de niños. Incluso, fueron obligados a guardar silencio al amenazarlos con herir y matar a su padres y hermanos.
La gravedad de los casos reunidos en el Informe denominado La explotación sexual infantil en las escuelas es un secreto, los padres de familia, abogados y psicólogos destacan dos elementos básicos para que delitos tan oprobiosos como estos permanezcan impunes.
La FGR es un ministerio público que no alcanza a dimensionar el tamaño del horror e insiste en investigar las denuncias de forma aislada, sin observar el contexto de la violencia que se registra contra los menores de edad.
La Secretaría de Educación Pública (SEP), por su parte, ha sido omisa, incompetente o cómplice de los perpetradores de la violencia. Primero por la pandemia mundial del COVID, y luego por recortes presupuestales, la SEP no impulsó la estrategia sugerida por el grupo de expertos convocados por el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), junto con autoridades estatales de educación, para proteger la vida, integridad y los derechos humanos de los seis millones 620 mil infantes en edad preescolar.
El Estado mexicano no está asumiendo la obligación que tiene frente a la infancia y a nosotros, la sociedad, nos está faltando decisión, inteligencia y agallas para defender a nuestros niños.