El Bronco a la cárcel

Ayer fue detenido el ex gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco. La acusación en su contra es por desvío de recursos públicos. 
Quizá no debería sorprender. Cuando el actual gobernador del estado, Samuel García, era senador, denunció al Bronco por lavado de dinero, peculado, cohecho y uso ilícito de facultades. El entonces senador acusó al gobernador de haber usado recursos gubernamentales para financiar su campaña como candidato independiente a la Presidencia de la República. Lo denunció en particular por haber usado estos recursos para obtener las firmas que le permitieron estar en la boleta presidencial como candidato independiente. El propio senador García calculó entonces el desvío de recursos en “por lo menos 80 millones de pesos”. 
A pesar de que al obtener la constancia como gobernador electo en 2021 García afirmó que no perdería “ni un segundo en peleas ni rencores”, lo que ha hecho ahora como gobernador es lanzarse con toda la fuerza del estado en contra del ex mandatario, a quien ha encarcelado. No dudo que el Bronco haya cometido muchas faltas y de todo tipo. Quienes lo conocen saben que era absolutamente indisciplinado en el manejo del gasto público. No dudo que su campaña a la Presidencia haya sido financiada de manera incorrecta. 
Pero también es claro que el gobernador García está ahora empeñado en una cacería personal contra un enemigo. En lugar de que fuera el fiscal general de Nuevo León el que anunciara la acusación y la detención, y los jueves determinaran posteriormente y conforme a la ley la culpabilidad o inocencia del acusado, el propio gobernador se ha lanzado en contra de su viejo rival y se ha convertido en denunciador, ministerio público y juez. En Twitter declaró: “Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos”. 
No le toca a un gobernador, por supuesto, decidir quién ha robado o no. Si las auditorías que realice el Congreso local y la autoridad estatal sobre los gastos del gobierno reflejan irregularidades, deben primero pedirse aclaraciones y, en caso de que no sean adecuadas, denunciar los hechos. Eso sí lo puede hacer el ejecutivo. Al ministerio público le toca considerar la denuncia y presentar acusaciones formales contra un juez. Un gobernador que se dice “incorruptible” no puede decidir por sí solo quién ha robado, ni puede “castigar a los que robaron”. Por eso tenemos un sistema de justicia que no depende del poder ejecutivo, ni de los gobernadores, ni siquiera del presidente de la república, sino de una amplia estructura de justicia con ministerios públicos, jueces y magistrados que imparten justicia de conformidad con reglas que otorgan derechos a acusadores y defendidos. 
Estamos viendo en nuestro país, sin embargo, una situación en la que cada vez más la justicia se está convirtiendo en un asunto de venganzas personales. Se aplica la ley con toda severidad a los rivales, a los enemigos, pero nunca a los amigos o a los aliados. Hemos olvidado que justicia que no se aplica en los mismos términos para todos no es justicia. 
Twitter: @SergioSarmiento