Jueces más obedientes

El presidente López Obrador no deja de arremeter contra la Suprema Corte, el poder judicial y, en particular, la presidenta de la Corte Norma Piña. Este martes, 29 de agosto, declaró: “Ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte. No quiero generalizar, pero de la mayoría, y en este caso de la presidenta. Por eso son predecibles. Aunque la Constitución establece que ningún servidor público debe ganar más que el presidente, ellos ganan más que el presidente, violan la Constitución con argucias legaloides”.

Desde la elección de la ministra Piña como presidenta de la Corte, López Obrador la ha convertido a ella, y a otros ministros, en el objetivo de muchos de sus ataques desde la mañanera. No lo hacía cuando el presidente era Arturo Zaldívar, quien con mucha frecuencia operaba a su favor. Pero hoy, que ya no quiere seguir usando al INE como piñata, porque ya hay una nueva presidenta, Guadalupe Taddei, cercana a él, ha optado por convertir a la Corte en el centro de sus explosiones de furia.

Los cuestionamientos en contra de los ministros, sin embargo, no están bien fundamentados. La Corte ha señalado que, efectivamente, el artículo 127 de la Constitución señala que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente, pero el artículo 94 apunta que la remuneración de los ministros “no podrá ser disminuida durante su encargo”. Solo la Corte --y no el presidente-- está facultada para determinar qué disposiciones constitucionales deben prevalecer en casos de discrepancias entre artículos como ocurre en este caso. Por eso, y como el artículo 127 señala que se considerará como remuneración o retribución “toda percepción en efectivo o en especie”, la Corte ha pedido que se aclare cuáles son las remuneraciones en especie del presidente, pero no ha habido respuesta a esta petición.

El presidente, sin embargo, ha decidido darle vuelo a la disputa con la Corte al impulsar una serie de disposiciones en violación a la ley para provocar enfrentamientos. Lo hizo, por ejemplo, con muchas de las disposiciones de la ley electoral secundaria, que la mayoría oficialista aprobó en el Congreso cuando fracasó la propuesta de reforma constitucional electoral del presidente. No había ninguna necesidad de que los diputados de Morena omitieran la lectura y la discusión de los artículos que se enmendaban, pero la Presidencia les ordenó hacerlo precisamente porque sabía que la Corte tendría que declarar la inconstitucionalidad de esas reformas.

No es ignorancia lo que lleva al presidente y a su Consejería Jurídica a violar las disposiciones legales en estos y otros casos. Hay un deseo de convertir al poder judicial en el nuevo enemigo a vencer del gobierno. El presidente quiere hacer una reforma para que los ministros y magistrados sean electos por voto popular, con lo que piensa que podrá controlarlos, como hace ya con sus mayorías absolutas en las dos cámaras del Congreso. Pero el primer paso antes de la reforma es convencer a los ciudadanos que los ministros y los magistrados son corruptos y que, por lo tanto, deben ser reemplazados por jueces más obedientes a la Cuarta Transformación. Es todo parte de una estrategia política.