INE y Tribunal en el peor de los mundos

El presidente López Obrador ha decidido llevar a las instituciones electorales al límite. Como si se tratara de una persona completamente distinta al entonces aspirante presidencial, hoy AMLO hace todo lo que en su momento criticó.

Utiliza recursos públicos -como las mañaneras- para promover a su partido y atacar a sus opositores; interviene una y otra vez en campañas que decidió adelantar en clara violación a la ley; y asume que el poder gubernamental está al servicio de su causa electoral.

Esta conducta, a la vista de cualquier persona que haya puesto atención en los dichos y hechos del presidente a lo largo de los últimos años, no solo es un desafío para los principio democráticos y el marco legal que él mismo ayudó a construir, sino que representa la amenaza más clara a las actuales instituciones electorales: el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Actores que hoy, si actúan en defensa de la ley, son señalados desde la Presidencia de la República; y que si son omisos, son cuestionados desde la oposición.

Esta situación es terrible para actores que tienen como valor principal su credibilidad, y que hoy se encuentra golpeada por todos lados.

Desde el oficialismo, que viola la ley de tal forma que obligaría a las autoridades a sacar la tarjeta roja a los aspirantes de Morena, lo que generaría una severa crisis política; al mismo tiempo que si no actúan, frente al evidente despliegue de propaganda de los aspirantes oficialistas y de la intervención presidencial, quedan como cómplices de la ilegalidad.

Hasta ahora, tanto el INE como el TEPJF han respondido como han podido, tratando de sortear las tensiones. Sin embargo, esto no va a terminar aquí. Estamos ante el peor de los mundos para las autoridades responsables de conducir el proceso electoral, que conforme avance, tendrán cada vez más presiones por decisión de un presidente de la República que asumió que el protagonista de todo el proceso debe ser él, y no la institucionalidad electoral. Vaya desafío para nuestra joven democracia.