El negocio detrás de las víctimas

El 3 de mayo de 2021, un tren que circulaba en el viaducto elevado de la Línea 12 del Metro cayó al vacío. Veintisiete personas perecieron y otras 79 fueron hospitalizadas, para ser atendidas por lesiones. Una tragedia. 
El Gobierno de la Ciudad de México ha destinado 156 millones de pesos para indemnizar a las víctimas sobrevivientes, así como a los familiares de las personas que murieron en el siniestro. Sin embargo, algunas de las personas damnificadas no han aceptado la reparación del daño que las autoridades les ofrecieron. 
No es casualidad que sólo las personas que reciben asesoría jurídica del abogado Teófilo Benítez, son quienes se han negado a recibir 920 mil pesos otorgados por el seguro institucional del Metro y un millón de pesos del Fondo de Víctimas de la Ciudad de México. ¿La razón? Aspiran a una indemnización más justa. 
La realidad es que sólo el 60 por ciento de la indemnización total que logren será para las víctimas directas e indirectas de la mayor tragedia que se ha registrado en la capital del país, después del terremoto de  1985. El otro 40 por ciento es la comisión que tienen asegurada los abogados. 
Lo dicho, los mexicanos ponen los muertos y son los abogados quienes lucran con el dolor y la tragedia. 
La situación que enfrentan las víctimas de violaciones a los derechos humanos en México no es muy distinta a lo que han vivido los núcleos familiares afectados por el derrumbe de la Línea 12 del Metro. 
Las autoridades no sólo han sido incapaces de garantizar la seguridad de las comunidades y la tranquilidad de la población, sino que una vez cometidos los delitos de sangre, se muestran indiferentes al dolor de las familias y exhiben su complicidad con los delincuentes, aumentando los niveles de impunidad. 
Mientras la violencia crece y crece, los políticos y funcionarios sólo ofrecen simulación, desprecio y traición. Y los abogados revolotean alrededor de las víctimas, como aves rapaces. Ninguno de ellos busca justicia ni verdad, sólo dinero e impunidad. 
Cada vez son más numerosas y extensas las zonas del territorio mexicano comprometidas por la violencia y el crimen. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en el primer trimestre de 2022 se registraron 6 mil 235 asesinatos, un promedio de 72 diarios. 
El lunes 11 de abril pasado, 11 personas perdieron la vida de forma violenta en sólo 24 horas; entre ellos, cuatro menores de edad baleados al interior de su hogar en Tultepec, en el Estado de México. 
La organización denominada Causa en Común reveló que en el primer bimestre de 2022 se registraron al menos 80 masacres, 221 casos de tortura, 164 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 122 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y alrededor de 59 asesinatos de niñas, niños y adolescentes. 
Los estados de Zacatecas, Michoacán, Veracruz, Guanajuato, Hidalgo y Chihuahua son las entidades donde se han perpetrado las más terroríficas escenas de violencia y como ocurre desde hace tres sexenios, la respuesta oficial se limita a señalar que el origen de la ferocidad criminal, es la disputa territorial de los cárteles del narcotráfico. 
Grupos de la delincuencia organizada que cambian de nombre y como un monstruo de las mil cabezas, miran caer y surgir nuevos mandos; líderes criminales que castigan, persiguen, humillan y desaparecen a miles de mexicanos, ante la mirada indiferente del Estado, incapaz de detener la violencia.