Debilitar el amparo
Sergio Sarmiento habla sobre una nueva iniciativa que está en puerta en Morena para modificar los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo.
Es un nuevo albazo de Morena. El partido del gobierno busca una vez más fortalecer las decisiones del poder ejecutivo y desechar los derechos de los gobernados. Lo hace ahora con una iniciativa que quiere aprobar en fast track para debilitar el juicio de amparo.
La propuesta pretende modificar los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo con el fin de impedir que estos juicios ayuden a quienes no tienen los recursos o los conocimientos para promoverlos. Si se aprueba, se añadiría un nuevo párrafo al artículo 148: “Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las disposiciones que se dicten fijarán efectos generales”.
Detrás de este lenguaje jurídico se oculta un nuevo atentado contra los derechos de los gobernados, principalmente los más pobres. La nueva redacción impediría que los tribunales pudieran dictar suspensiones o amparos con aplicación general contra normas inconstitucionales. No beneficiarían a todos los afectados, solo a quienes hubieran promovido el juicio de amparo: los que puedan pagar buenos abogados.
Durante mucho tiempo esta fue la regla: el juicio de amparo y sus suspensiones solo ayudaban a quienes promovían la acción. A esta limitación se le conocía como “relatividad de la sentencia”. La reforma constitucional de 2011 y una nueva Ley de Amparo introdujeron la “declaratoria general de inconstitucionalidad”. Esta extendió el beneficio a todas las personas que se encontraran en una misma situación. Se mantuvo una sola excepción, las leyes tributarias; únicamente el promotor se beneficia si le gana un juicio al SAT.
El gobierno de Morena, sin embargo, no quiere que continúe la aplicación general del amparo. La modificación al artículo 148 nos regresaría a los tiempos de la relatividad de las sentencias. Esto despojaría de sus derechos ante disposiciones inconstitucionales a la enorme mayoría de los mexicanos. Lejos de ser una medida pensada para ayudar primero a los pobres, crearía una sociedad con derechos ante medidas inconstitucionales solo para quienes tengan la capacidad para contratar abogados.
La iniciativa se ha movido con gran rapidez en el Senado al amparo del líder morenista Ricardo Monreal. Como es una reforma a una ley secundaria, y no a la Constitución, solo requiere una mayoría simple, que Morena puede lograr sin problemas con sus obedientes aliados del PT y el Partido Verde. El senador perredista Miguel Ángel Mancera ha advertido que es inconstitucional, por lo que tarde o temprano caerá en manos de la Suprema Corte, que, mientras sea independiente, seguramente la rechazará. Hay una iniciativa similar congelada desde hace tiempo en la Cámara de Diputados, pero el gobierno saliente tiene prisa para despojar a más mexicanos de sus derechos constitucionales.