Una reforma electoral
Sergio Sarmiento aborda la discusión sobre la reforma electoral, la cual puede ser la más importante de un gobierno lleno de cambios porque sus consecuencias trascenderían el actual sexenio.
Ha empezado la discusión sobre la reforma electoral, la cual puede ser la más importante de un gobierno lleno de cambios porque sus consecuencias trascenderían el actual sexenio. El presidente ha presentado una propuesta para reducir el número total de diputados y senadores, a fin de ahorrar dinero, y desmantelar el Instituto Nacional Electoral, el INE. Los nuevos consejeros y magistrados electorales serían electos por voto popular.
La iniciativa está hecha para favorecer a Morena. La disminución en el número de legisladores fortalece a los partidos más fuertes. La elección popular de consejeros y magistrados también lo haría. De inmediato empezaríamos a ver campañas en las que los candidatos a consejeros y magistrados prometerían apoyar a los partidos más populares. Sería el fin de la democracia.
La Comisión de Venecia, una institución de análisis sobre la democracia del Consejo de Europa, ha cuestionado esta iniciativa. Advierte que las reformas electorales son usualmente promovidas por la oposición, que busca reglas más justas, pero esta proviene del mismo gobierno. Y claro, lo que busca afianzarse en el poder. El estudio de los especialistas europeos advierte: “Modificar un sistema que funciona bien en general, y que goza de la confianza de las distintas partes después de varios ciclos electorales y de años de evolución democrática, hace correr de forma inevitable el riesgo de que esa confianza se tambalee”. Los cambios constitucionales que propone el presidente “no aportan suficientes garantías sobre la independencia y la imparcialidad” del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). La elección de los nuevos consejeros por voto popular, además, “no se ajusta a las normas internacionales ni a las buenas prácticas en el terreno electoral”.
Claro que puede haber mejoras importantes en el sistema electoral mexicano. Es posible hacerlo menos costoso, pero sin disminuir su neutralidad y confiabilidad. Esto se puede lograr, en primer lugar, disminuyendo radicalmente o eliminando las “prerrogativas” de los partidos. Nada más en 2023, un año sin elecciones federales y con solo dos votaciones estatales, los partidos se llevarán 6,230 millones de pesos de los contribuyentes. En Estados Unidos, ni los partidos ni los candidatos reciben dinero del gobierno: deben obtener sus propios recursos de aportaciones privadas.
Más importante todavía, sin embargo, sería establecer un voto electrónico, pero no basta simplemente con tener dispositivos electrónicos en las casillas tradicionales. Esto no bajaría el costo de manera significativa. Los ciudadanos, sin embargo, podrían votar desde su hogar con una aplicación digital a un costo mucho menor. Es falso que esto aumentaría el fraude electoral; por el contrario, lo reduciría. Millones de mexicanos ya usamos aplicaciones bancarias digitales y los errores e irregularidades han bajado dramáticamente. El sistema nos impide transferir dos veces el mismo dinero y nos da certeza sobre todos nuestros movimientos. Un sistema digital para votar permitiría una disminución radical de los 14,437 millones de pesos que el INE tiene presupuestado para el 2023.
No debemos aprobar una reforma que cree un nuevo partido hegemónico, como lo fue el PRI durante décadas. La competencia en la política, como en los mercados, es la mejor forma de garantizar oportunidades para todos. Pero podemos reducir de manera radical el costo electoral. Eliminar los subsidios a los partidos y votar desde aplicaciones digitales serían dos medidas para lograrlo.