¡PAN va vs reforma judicial! Diputados presentan AMPARO para FRENAR iniciativa de AMLO

El pasado 15 de septiembre la reforma al Poder Judicial fue publicada en el DOF y ahora los panistas buscan detenerla.

PAN va contra reforma judicial de AMLO
Foto: Cuartoscuro

En un nuevo intento para frenar la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, diputados federales del PAN interpusieron un recurso en contra dela iniciativa publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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Se trata de una demanda de amparo en la que solicitan la suspensión de dicha reforma por varias irregularidades en su proceso legislativo. El documento fue admitido por el Juzgado 14 de Distrito.

Vicios en el proceso legislativo

El diputado panista Héctor Saúl Téllez explicó las razones por las que su grupo parlamentario en San Lázaro decidió interponer la denuncia.

“Creemos que hay graves vicios en torno al proceso de aprobación de la reforma judicial. Estamos impugnando el proceso como tal de la creación de esta reforma porque encontramos vicios, incluso desde la propia convocatoria para llevar a cabo este análisis del dictamen”, explicó.

Señala que el cambio de sede que nunca fue comunicado de forma oficial a los 500 diputados y, "ya estando en la sede alterna, el gimnasio en Mixhuca, graves faltas a los principios de certeza y al principio de legalidad”, puntualizó.

Además acusó que al menos el 80% de los diputados que conforman la nueva legislatura no participaron en las deliberaciones de la iniciativa.

Los panistas también señalaron que hubo constantes presiones externas al Poder Legislativo por parte del Poder Ejecutivo, es decir, del propio López Obrador:

Reforma judicial afecta derechos laborales

En el documento, también denunciaron que la reforma judicial puede significar graves afectaciones a los derechos laborales de jueces y magistrados: “Lo que provocaría una fuga de capital humano calificado en el Poder Judicial”.

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De igual manera, agregan los legisladores, podría haber una “pérdida de incentivos institucionales para atraer a personal altamente capacitado, lo que impactaría negativamente en la calidad de la administración de justicia a corto, mediano y largo plazo”.