La investigación, la ciencia y el desarrollo tecnológico son los ingredientes esenciales del futuro

En mayo de 2019, en el Senado de la República reformamos el artículo tercero de la Constitución para elevar a rango constitucional el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Este hecho trajo consigo la necesidad de generar una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (LGCTI) y el plazo máximo para aprobarse por decreto constitucional, marcaba el 15 de diciembre de 2020.

Ante esta falta, legisladores de las Comisiones de Ciencia y Tecnología tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, hemos iniciado una serie de trabajos en conferencia para agilizar la obtención de este ordenamiento vital para la vida científica de nuestro país.

Una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación debe estar acorde a esta realidad y otorgar a México las herramientas y las capacidades para contar con una comunidad científica vigorosa, integrada a los grandes proyectos científicos de la humanidad. Que genere incentivos para que la investigación científica se haga en México y sus beneficios se queden en México, que se evite la fuga de cerebros y se promueva una participación más diversa e inclusiva. El progreso y la innovación no pueden dejar a nadie atrás.

Para ello requerimos de políticas que trasciendan los sexenios, que la inversión vaya incrementando, apostarle a las carreras del futuro como: mecatrónica, biología sintética, computación cuántica, criptografía, exo meteorología, ingeniería ambiental, nanotecnología, o la ciencia de grandes conjuntos de datos, entre otras.

Muchos gobiernos generan las condiciones para incentivar la inversión en investigación científica, facilitar la adopción de nuevas tecnologías, promover la competencia y apoyar a que las nuevas generaciones se encuentren preparadas para integrarse al mercado laboral del futuro. México no debe ser la excepción.

Una política activa en el desarrollo tecnológico ha sido fundamental en la estrategia de desarrollo de países de la OCDE como Israel, Corea o Suecia, que destinan casi el 5% de su PIB en ciencia y tecnología. En 2010, México llegó a destinar el 0.49% del PIB. Situación que lejos de mejorar, ha empeorado, porque ahora ocupamos el antepenúltimo lugar en inversión en ciencia y tecnología dentro de los países de la OCDE (lugar 34 de 35) destinando apenas el 0.22% de nuestro PIB, por debajo de naciones como Chile o Costa Rica.

Inyectar recursos públicos en la conducción de la política científica a través de la inversión pública es más urgente que nunca, el futuro nos está alcanzando, desarrollos como la robótica, la biotecnología o la inteligencia artificial tendrán un impacto sobre el empleo y la educación. Expertos advierten que hasta el 65% de los empleos en México están en riesgo de ser automatizados.

Lo anterior sin mencionar todos los impactos que tendrá en la economía y en el desarrollo social la entrada de la web 3.0, que trae consigo tecnologías disruptivas como el metaverso, el blockchain, los activos digitales, la computación cuántica que sin duda lo cambiarán todo. Para aprovechar los beneficios de la tecnología requerimos construir leyes que sean vanguardistas.

La semana pasada tuve el gusto de conducir un espacio de reflexión con personas legisladoras, la comunidad científica y especialistas sobre los elementos irreductibles que debe contener una LGCTI, que establezca una política de Estado para la garantía del derecho humano a la ciencia y para el establecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del desarrollo nacional.

El conversatorio fue enriquecedor, de acuerdo a estos expertos los retos de México en materia Ciencia, Tecnología e Innovación no se subsanarán solamente con la redacción de una nueva Ley, es necesario construir una política de estado que garantice la sostenibilidad de las generaciones futuras, además, coincidieron en que algunos de los puntos que no pueden perderse en la construcción de una nueva LGCTI, son los siguientes:

1. Mayor inversión público y privada con mecanismos claros y bien establecidos para la asignación y ejercicio de los recursos.
2. Fijar metas de financiamiento a la investigación y mecanismos de financiamiento plurianual.
3. Respetar la autonomía de las Universidades y Centros de Investigación e incluir su participación activa en la planeación estratégica del desarrollo nacional.
4. Una ley incluyente, que no discrimine entre instituciones y otorgue trato igualitario entre científicos y estudiantes de instituciones públicas y privadas.
5. Fortalecer un federalismo cooperativo con una visión no centralizada. Que distribuya las competencias en todos los niveles de gobierno.
6. Crear una red de relaciones internacionales, la cooperación internacional es indispensable
7. La Ley debe incluir planeación a largo plazo y evaluación. Y estar orientada a la generación de empleos.
8. Grandes proyectos de infraestructura científica y priorizar necesidades del país

La colaboración multisectorial con nuestra comunidad científica es imprescindible para entender los cambios que se avecinan. El crecimiento del país depende de nuestras capacidades científicas, dejemos de ser un país que consuma o maquile tecnología y construyamos ser un país que desarrolle, que innove, que registre patentes, pero sobre todo que no permita que el futuro nos alcance.