Domingo de resurrección

Ya estaban los diputados de oposición hasta con sus pijamas listos para dormir en San Lázaro, y prevenir que los simpatizantes del gobierno les impidieran ingresar al recinto legislativo, cuando los dirigentes de Morena y de la Cámara de Diputados anunciaron la decisión, este 11 de abril, de aplazar la votación sobre la reforma constitucional en materia de electricidad hasta el próximo 17 de abril. Sí, la sesión de la cámara ha sido convocada ahora para el domingo de resurrección. 

No lo hacen los morenistas porque sean muy devotos, aunque sí quieren resucitar una iniciativa que hasta este momento parece muerta. Si bien los diputados de Morena, el PT y el PVEM sacaron sin problemas, por 47 votos contra 37, el dictamen de la reforma en las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales, la votación en el pleno requiere de una mayoría calificada de dos terceras partes, o sea, 334 diputados. Morena solo tiene 202, a los que puede sumar los 42 del Partido Verde y los 33 del Partido del Trabajo. Pero estos solo le dan a Morena un total de 277. Solamente el PRI o el PAN podrían darle los 57 diputados que le faltan para cumplir con las instrucciones del presidente, pero no hay indicios de que Morena pueda obtener más que unos cuantos. 

El presidente ha proclamado públicamente que el fallo de la Suprema Corte del 7 de abril declaró la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica. Esto haría innecesario enmendar la Constitución. Pero él mismo sabe que no es verdad. Los ministros de la Corte no alcanzaron una mayoría calificada, de ocho ministros, para decretar la inconstitucionalidad de la ley, pero sí señalaron por mayorías menores la ilegalidad de varios artículos de la ley. Los procesos de amparo contra la nueva ley siguen vigentes, y los jueces y magistrados que los ventilen deberán considerar los criterios señalados por los ministros. 

Los líderes de Morena están buscando opciones para evitar la derrota de la reforma constitucional. Pero les será casi imposible resucitar la iniciativa este domingo de resurrección. 

Ante la falta de una enmienda constitucional, el gobierno tendrá que seguir peleando cada caso en los tribunales. Algunos los ganará y otros los perderá, pero el proceso se llevará cuando menos todo el resto del sexenio o más. Cuando el gobierno cancele permisos o contratos vigentes, las empresas afectadas podrán también demandar al gobierno mexicano en tribunales internacionales. El que el gobierno mexicano haya anunciado que no pagará indemnizaciones no le ayuda, porque se verá como un gesto de mala fe. Los tratados internacionales reconocen el derecho de México de tomar decisiones internas, pero si el gobierno ordena expropiaciones directas o indirectas está obligado a indemnizar a quienes invirtieron en México de buena fe. 

El presidente López Obrador ha obtenido ya un logro indiscutible: los pleitos legales están girando nada más en torno a las inversiones que se hicieron en el pasado. Ninguna empresa privada de electricidad está invirtiendo ya en México. Si esto es lo que quería, lo ha logrado, aunque represente un daño para el país. 

Twitter: @SergioSarmiento