AMLO y los tribunales
El presidente está enfrentando resistencia de los tribunales a aceptar algunas de sus medidas y está respondiendo con creciente agresividad. El conflicto no es bueno para el país.
“Este juez al que menciono –dijo en su conferencia de prensa de este 19 de julio, refiriéndose al juez de competencia económica Juan Pablo Gómez Fierro—nosotros lo estamos investigando sobre el caso Iberdrola. Estamos investigando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos”.
El juez otorgó una suspensión provisional primero y una definitiva después a la empresa para detener el cobro de una multa por 9,145 millones de pesos, la segunda más alta en la historia del país. A fin de conceder la suspensión, el juez pidió y obtuvo de Iberdrola una garantía del pago de la multa. Es lo que exige la ley. A Iberdrola se le acusa de haber vendido electricidad bajo el esquema de autoabastecimiento a las empresas asociadas a su planta de Dulces Nombres, en Nuevo León.
Iberdrola construyó su primera planta en Dulces Nombres, en las afueras de Monterrey, en 1999, tras recibir una adjudicación de la Comisión Federal de Electricidad. En 2016 inauguró una segunda planta en esa localidad. La compañía sostiene que siempre ha generado electricidad para sus socios y clientes de conformidad con las leyes vigentes en México. En febrero de 2022, sin embargo, se vio obligada a desconectar las plantas de Dulces Nombres debido a la negativa de los reguladores del sector eléctrico a renovar su contrato de interconexión. Después de que un juez ordenó que se reactivara la interconexión, la Comisión Reguladora de Energía decretó la multa por el delito de vender electricidad, que fue siempre el objetivo de las plantas. Nadie invertiría cientos de millones de dólares en generadoras si no pudiera vender la electricidad.
No es ésta la primera vez que el presidente López Obrador amenaza a un juez por tomar decisiones que contradicen sus políticas. Al juez Gómez Fierro, de hecho, lo amenazó ya en el pasado e incluso exigió al Consejo de la Judicatura que investigara su situación patrimonial. A pesar de que la separación de poderes impediría al Ejecutivo ordenar esta acción, la Judicatura lo investigó sin encontrar ninguna irregularidad.
Otro juez otorgó también suspensiones, primero una provisional y después otra definitiva, para detener la construcción del Tren Maya. En este caso el presidente optó por otra respuesta: decretó que el proyecto es un asunto de seguridad nacional y decidió continuar con la construcción. Afirmó en su conferencia de prensa de este 19 de julio que no está cometiendo desacato… pero no explicó sus razones jurídicas para pensar que desobedecer una orden de un juez no constituye un desacato.
La situación puede llevar a una crisis constitucional. La Constitución obliga a todos los mexicanos y extranjeros residentes en México, incluso al presidente de la república, a obedecer los fallos de los tribunales. Que un presidente desacate las sentencias de los jueces generará un vacío jurídico. Por eso todos los funcionarios al asumir sus cargos prometen guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Si el presidente rechaza esta obligación, podría desmoronarse toda la estructura jurídica del país.