¡Trabajadores del Poder Judicial alertan al Congreso 2024! 'Reforma de AMLO incumple compromisos en el T-MEC'

Las juzgadoras y juzgadores e integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) entregaron a la Cámara de Diputados y al Senado de la República un documento en el que le manifestaron su desacuerdo con la reforma al Poder Judicial que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió por “incumplir” distintos compromisos adquiridos por nuestra nación con motivo del Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).  

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El llamado está respaldado por juzgadoras y juzgadores titulares de los Tribunales Laborales Federales, Tribunales Colegiados de Circuito especializados en Materia de Trabajo y Plenos Regionales en Materias Penal y de Trabajo de las Regiones Centro Norte y Centro-Sur así como integrantes del Poder Judicial Federal. 

“México y Estados Unidos tienen una estrecha relación que ha dado pauta a la construcción de una agenda estrechamente vinculada sobre temas políticos, económicos, comerciales, ambientales, energéticos, de seguridad, de migración, así como de la gestión de su frontera común, entre otros”, destaca. 

También mencionan que entre los aspectos que más se han propiciado por ambas naciones son sus relaciones comerciales y económicas, donde Estados Unidos es el principal socio comercial de México y el país se ha consolidado como un aliado económico importante para Estados Unidos; incluso, durante el primer trimestre de 2024, se colocó como uno de sus principales socios comerciales.

La y los juzgadores destacan que el T-MEC coexiste e interactúa con otros instrumentos del derecho internacional público, incluidos tratados bilaterales, acuerdos multilaterales (como los de la Organización Mundial del Comercio) y otros acuerdos regionales de comercio, lo que requiere un equilibrio cuidadoso para asegurar que las disposiciones sean compatibles y se integren óptimamente con otros compromisos internacionales de los Estados parte. 

“Lo que conlleva grandes desafíos tanto para el derecho económico internacional como para el derecho constitucional de los Estados parte, sobre todo en materias sensibles como el medio ambiente, el combate a la corrupción, los derechos laborales y la propiedad intelectual”, añaden. 

En ese sentido recuerdan el 28 de agosto de 2018, se concretó un pre acuerdo trilateral entre dichos países a través de sus mandatarios, el cual se materializó bajo el mandato del presidente López Obrador el 30 de noviembre siguiente con la firma del referido tratado, en cuyo anexo 23-A, México se comprometió a implementar las acciones necesarias para adecuar las legislaciones correspondientes antes del 1° de enero de 2019, con la finalidad de garantizar y mantener tribunales laborales independientes e imparciales; asimismo, se comprometió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la observación y cumplimiento de dicho tratado.

“De ese modo, los compromisos asumidos por México adquirieron especial relevancia en el proceso legislativo del decreto de reformas a distintas leyes Federales, con el objeto de reglamentar la reforma constitucional en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Por ese motivo, en las 14 iniciativas que dieron origen a la citada reforma legal se destacó la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por México con motivo de la celebración del T-MEC”, indican. 

Finalmente, subrayan que con la iniciativa de reforma judicial de AMLO, al “pretender” establecer la elección en las urnas de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, violenta e incumple el anexo 23 del T-MEC, por cuanto hace al compromiso de establecer y mantener tribunales independientes para la resolución de controversias laborales. 

Aladió que “transgrede las obligaciones pactadas en los capítulos 14 y 27 relacionados con inversiones y políticas anticorrupción, pues el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México con motivo de dicho tratado no solo depende de garantizar la independencia de tribunales especializados en materia laboral,
sino la de todos los órganos jurisdiccionales que conozcan de juicios que
involucren intereses de inversionistas extranjeros”.