Senado avala reforma para evitar la “intromisión” del TEPJF en decisiones del Congreso
El dictamen establece la improcedencia de impugnar decisiones parlamentarias relativas a la integración, organización y funcionamiento internos de sus comisiones legislativas.
El Senado de la República avaló en lo general y lo particular con 61 votos a favor, 39 en contra y 1 abstención, una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral con la que evitaría la “intromisión” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en las decisiones del Congreso, ya que establece la improcedencia de impugnar decisiones parlamentarias relativas a la integración, organización y funcionamiento internos de sus comisiones legislativas. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes.
Morena y sus aliados se logró imponer pese al rechazó de la oposición, el PAN, PRI, MC, PRD y el Grupo Plural, quienes acusaron una “violación inminente” a la ley; un “capricho”. ya que este proyecto restringe el derecho de las y los legisladores a impugnar actos parlamentarios.
¿En qué consiste? Se trata de un proyecto de decreto, enviado por la Cámara de Diputados, que se adiciona un inciso h) al numeral 1 del artículo 10 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en materia de incorporación de los actos parlamentarios como causal de improcedencia de los medios de impugnación en materia electoral, el cual quedará de la siguiente manera:
“h) Cuando se pretenda impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus Cámaras, emitido por sus órganos de gobierno, como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento internos de sus órganos y comisiones legislativas”.
La discusión. Al fundamentar el dictamen, Mónica Fernández, presidenta de la Comisión de Gobernación, refirió que la dicha adición se refiere exclusivamente a la vida interna del Congreso de la Unión y no de aquellas facultades otorgadas al Legislativo como a cada una de sus cámaras para el ejercicio de sus funciones.
“La reforma propuesta tiene como fin fortalecer la ley en el marco de los actos de derecho parlamentario para que estos queden excluidos de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque si bien es cierto que dentro de los poderes debe existir contrapesos, también debe haber ciertos límites, como el caso que nos ocupa, la organización interna del Poder Legislativo Federal, garantizando así su soberanía y autonomía”, añadió.
Mientras que al hacer lo propio, Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, afirmó que la adición propuesta instituye límites pertinentes y justificados a la jurisdicción electoral, además que en conjunto con el decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental son una manifestación y consecuencia del principio de división de poderes, de la garantía de la autonomía parlamentaria y la obligación fundamentar a cargo del Congreso para dotar de seguridad jurídica a las leyes que él mismo expide.
Noé Castañón, senador de Movimiento Ciudadano, acusó la “inminente violación" a los derechos humanos, porque se pretende dejar sin un medio de impugnación efectivo a las legisladoras, legisladores y ciudadania ante “actos violatorios de derechos políticos electorales realizados por el Congreso de la Unión”.
“Desde esta alta tribuna, les decimos fuerte y claro, no acompañaremos un dictamen que fomente el autoritarismo y la violación al acceso de la justicia en el Congreso de la Unión”, añadió.
Dante Delgado, senador de Morena, dijo que esta reforma es el mayor retroceso que se ha visto en la historia de la transición democrática, porque con ello se busca “cancelar de los derechos de las transitorias mayorías parlamentarias, porque pronto seremos mayoría parlamentaria, porque para allá vamos y desde luego que vamos a ser generosos con ustedes cuando sean minoría”.
Geovanna Bañuelos, del PT, reconoció que el dictamen ha generado un intenso debate, pero que el fondo de este es defender la autonomía del Poder Legislativo y la toma de decisiones en función de las reglas establecidas: “Se trata de un primer paso para que las decisiones sobre la organización, funcionamiento y la vida misma del congreso se respete la soberanía y autonomía de este poder”.