SCJN confirma “candados” para que el gobierno federal mantenga bajo reserva contratos de compra de vacunas contra COVID-19
Con ello se responde a la orden del INAI de entregar una versión pública de los documentos requeridos vía transparencia.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional con los que definió que el gobierno federal podrá seguir manteniendo como reservados por 5 años los contratos para la adquisición de vacunas contra coronavirus o COVID-19 y los comprobantes de pago respectivos que efectuó el Gobierno de México.
¿Por qué importa? Con ello se responde a la orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de entregar una versión pública de los documentos requeridos vía transparencia, pero que el consejero Jurídico de la Presidencia interpuso el recurso correspondiente para que no se cumpliera.
Mensaje. “En el primero de ellos, resolvió que la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país”, señaló la SCJN en un comunicado.
Al resolver los dos recursos interpuestos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra la decisión del INAI de entregar el contenido íntegro de los contratos, la SCJN explicó que, por este motivo, esta información debe ser clasificada como reservada. Sin que ello impida divulgar una versión pública en la que se puedan apreciar aquellos aspectos que no fueron materia de la reserva o constituyan información confidencial como datos personales y secreto comercial. Además, determinó que los comprobantes de pago deben ser clasificados también como información reservada por el mismo lapso.
Argumento. Para la ministra Yasmín Esquivel, la sola posibilidad de infringir las cláusulas de confidencialidad de los contratos, no implica solamente el riesgo de enfrentar demandas por incumplimiento de la relación contractual. También atentaría a la propia estabilidad económica y social del país, poniendo en riesgo la vida y la salud de numerosas personas.