Reportan que Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, no pudo subir a un avión hacia EUA por medidas cautelares vigentes

Reportan que autoridades de migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) habrían prohibido a la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas subir a un avión rumbo a San Antonio, Texas. De acuerdo con distintos reportes le retuvieron su visa americana, debido a las medidas cautelares vigentes tras el conflicto que tuvo con dos elementos policiacos. De igual manera se habría activado una alerta migratoria y se tendría que haber hecho la notificación correspondiente a la Fiscalía de Justicia capitalina.

Respuesta. Ante estos señalamientos, la alcaldesa informó en redes sociales que sí puede dejar el territorio nacional. Para ello mostró un documento emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM) en el cual se informaba de la cancelación de la alerta emitida en su momento para vigilar que noa abandonara el país.

Para saber. El 31 de marzo Sandra Cuevas ofreció una disculpa pública a los policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, como parte del acuerdo reparatorio. La alcaldesa también se comprometió a recibir durante 3 meses ayuda psicológica. Logró un acuerdo reparatorio en el que aceptó los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación y con ello pudo regresar a despachar a su oficina, informó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Ciudad de México.

"Se autorizó un acuerdo reparatorio en el proceso que se sigue en contra de la alcaldesa en Cuauhtémoc. Lo anterior en estricto apego a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y a los principios de justicia restaurativa", explicó Lara.

En lo que refiere al delito de abuso de autoridad se autorizó la suspensión condicional del proceso, por lo que la alcaldesa de Cuauhtémoc deberá ofrecer a los policías una disculpa pública por su conducta y los "actos que agraviaron sus derechos y su investidura". Además, deberá abstenerse de molestar a las víctimas y de emitir algún comentario u opinión sobre la situación en redes sociales o algún otro medio. También debía pagar 30 mil pesos a cada una de las víctimas como plan de reparación del daño.