Después de Pegasus... ¿Qué?
¿Qué planean? ¿Cómo se organizan? ¿Qué buscan? Estas son algunas de las preguntas que seguramente se hacían cotidianamente los encargados de intervenir los teléfonos de periodistas en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La reciente investigación periodística internacional conocida como Pegasus Project nos ha permitido conocer el tipo de informes que, desde los organismos de inteligencia, se entregaban a los hombres del poder político.
Es obvio que su interés era adelantarse al golpe periodístico, a la revelación principal o a la entrevista exclusiva. Espiaban teléfonos para conocer las decisiones editoriales.
Si los espías lograron conocer detalles de la vida privada de esos periodistas al infiltrarse en sus aparatos telefónicos, así como de quienes integraban sus equipos y hasta de sus familiares, podían enterarse de quiénes serían los entrevistados o por dónde avanzarían sus investigaciones.
Pero hay más elementos preocupantes en este caso de espionaje que le costó a la Nación más de mil 900 millones de pesos. El spyware vinculado a prácticas de espionaje hizo posible la invasión de la privacidad y la flagrante violación de los derechos de decenas de periodistas, defensores de derechos humanos, funcionarios y políticos.
El software les dio la posibilidad de violentar la libertad de prensa, al acceder a información periodística. Y también les dio acceso a la identidad de las fuentes de esas investigaciones de gran calado.
Este punto es especialmente delicado. En el periodismo siempre cuidamos a quién nos da información sobre algo oculto o que todavía no es del dominio público. Identificar a las fuentes para hostigarlas e incluso para amenazarlas es perverso, propio de gobiernos autoritarios.
Si la infección con Pegasus es exitosa, se puede acceder a todos los contenidos y funcionalidades del blanco: su lista de contactos, llamadas, mensajes (Whatsapp, Telegram), cámara y micrófono en vivo, de tal forma que el teléfono se vuelve un espía las 24 horas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que en su gobierno ya no se espía a periodistas. Sin embargo, el tema no debe limitarse a eso. Es urgente que la Fiscalía General de la República (FGR) dé con el paradero de los exfuncionarios responsables para que sean consignados ante un juez.