CNDH pide que no se busque revivir ‘la verdad histórica’ del caso Ayotzinapa
La ombudsperson sale al paso de menciones en medios periodísticos sobre testimonios y personajes que respaldarían la versión de los hechos del sexenio pasado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja bajo las líneas de investigación planteadas e impulsadas por las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que no fueron consideradas suficientemente. A partir de ahí condenó la pretensión de revivir en medios de comunicación la denominada “verdad histórica”, a partir de algunos testimonios de personas que en su momento fueron privadas de libertad, pero que además considera el organismo ya fueron refutados científicamente, de manera contundente, a través de peritajes practicados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Rechazo. Se expresó de manera directa un rechazo al “interés de encubrir ineficiencias y omisiones del pasado y querer cancelar de antemano nuevas investigaciones, reconstruyendo un escenario contrario a la verdad y la justicia que reclaman los familiares de los 43 normalistas y toda la sociedad”. Sin mencionar nombres, la ombudsperson cuestionó que medios de comunicación hayan manejado que “la entrevista de un supuesto testigo realizada por la CNDH estaba escondida, en la recomendación 15VG/2018, que se puede consultar íntegra en la página de esta Comisión Nacional desde su emisión hace tres años, se encuentra mencionada dicha persona doce veces, y junto con él los presuntos responsables que en su momento fueron señalados”.
El llamado. A siete años de la desaparición de los estudiantes en el municipio de Iguala la noche del 26 de septiembre, la CNDH manifestó su solidaridad con sus madres y padres, y aseguró que “los acompaña en su demanda de extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio”. Se hizo un llamado a las autoridades encargadas de la indagatoria, a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), a “no bajar la guardia, avanzar a fondo en las nuevas investigaciones, y observar sus deberes constitucionales y los más altos estándares internacionales en la materia, con el propósito de arribar con prontitud a la verdad y a la justicia”.
