AMLO impugna suspensión de juez que le impide hablar de Xóchitl Gálvez

El mandatario federal interpuso un recurso de queja en contra de la suspensión otorgada por el juez Martín Adolfo Santos, a quien llamó "juez de consigna".

AMLO muestra su enojo ante la suspensión provisional a favor de Xóchitl Gálvez.
FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Consejería Jurídica de la Presidencia impugnó la suspensión provisional que Martín Adolfo Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó a Xóchitl Gálvez, para frenar expresiones de "forma maliciosa" en su contra. 

Santos Pérez ya recibió la impugnación y ordenó que esté fuera remitido a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el cual tendrá la obligación de emitir una decisión las próximas 48 horas. 

"Por recibido el oficio signado electrónicamente por la consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, por el que interpone recurso de queja contra el auto de 4 de agosto del año en curso, en que se concedió la suspensión provisional", señala el acuerdo en cuestión, según información de Milenio

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¿Qué ha dicho AMLO sobre el tema?

Durante su conferencia mañanera de este jueves 10 de agosto de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que le envió una carta al juez Santos Pérez, en donde lo criticó y acusó de ser un "juez de consigna". 

En este sentido, López Obrador señaló al juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México por, supuestamente, proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de interés. 

"Usted que se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo", redactó el tabasqueño en la misiva que le envió al juez.

Finalmente, AMLO recriminó al juez Martín Adolfo Santos por acusarlo de propiciar un "discurso de odio" derivado de sus comentarios sobre los contratos públicos que la empresa de Xóchitl Gálvez, High Tech Services, obtuvo a lo largo de 9 años, los cuales alcanzaron un valor de 1,400 millones de pesos.